PAMPLONA – “Se observan anuncios publicitarios sin etiqueta de calificación energética”, explica el informe técnico que ha dado pie a la apertura de al menos cinco actas de inspección que podrían derivar en sanciones. Así se las gasta el departamento de Economía e Industria con las inmobiliarias que no publicitan de manera conveniente los documentos que acreditan el consumo y emisiones de la vivienda que se comercializa en venta o en alquiler.

 

En principio estaríamos hablando de una infracción leve penada de 300 a 600 euros aunque las inmobiliarias confían en que lo expedientes no se traduzcan en sanciones. Lo cierto es que la veda se ha abierto y el plan de inspección comunicado a las asociaciones inmobiliarias plantean controlar hasta cinco empresas por semana. Las inmobiliarias, tanto en sus escaparates, como en sus webs, así como en los portales de Internet inmobiliarios, deben publicitar desde el pasado día 1 de junio la etiqueta energética de los inmuebles objeto de compraventa o arrendamiento. De este modo, aunque los propietarios de pisos y locales serán los responsables de encargar y conservar el certificado de eficiencia energética si bien las agencias también están obligadas en los portales de Internet inmobiliarios, y en los escaparates de las agencias inmobiliarias a publicitar el certificado, al menos la letra correspondiente (de la A a la G) y cantidad de emisiones.

 

Karmele Zuasti, vicepresidenta de AINA y presidenta AEGI Navarra, así como gerente de la Inmobiliaria María Servicios Inmobiliarios, destaca que aunque algunas de las viviendas no tienen a la vista el certificado no significa que no exista porque “es obligatorio presentarlo en las escrituras y en los contratos de alquiler”. “El problema es que muchos propietarios no quieren asumir ese gasto, por ejemplo viviendas muy antiguas en calles como Calderería o Rochapea Vieja que se venden con la intención de que el comprador asuma una rehabilitación integral”, remarca. “Entendemos que detrás hay un fin recaudatorio, lo lógico sería concienciar de manera constructiva, máxime cuando no se ha hecho ninguna campaña informativa desde el Gobierno. No se busca a particulares o bancos, por ejemplo”, abunda. Iñaki Martínez, de la inmobiliaria Urdax, también reprueba esta metodología “con un afán recaudatorio”. En su caso, contaba con un 75% de la treintena de viviendas en cartera con certificado, y ninguna de las otras tantas que oferta de AINA. “Lo absurdo es que los certificados tienen que tener un tamaño además respecto al cartel, son muchos detalles que desconocíamos y es vergonzoso que no se haya dado ninguna información, habiendo además miles de pisos que se venden desde casa y que no supervisan”, remarca. Esta misma semana ha desactivado a varios clientes que no han aportado el certificado y a los que viene llamando desde hace cinco meses. Tanto el responsable de la inmobiliaria FLM como Jesús Eslava, de Marina Inmuebles, también reconocen que muchos propietarios no están por la labor de gastarse 120-160 euros aunque las inmobiliarias ofrezcan los servicios de certificadores para facilitar los trámites y que el coste sea el mínimo. “Hemos mandado circulares a los propietarios para que hagan los certificados y estamos dando de baja a aquellos que no los tienen. Lo que no es justo es que se cargue contra las inmobiliarias porque son las más expuestas”, reitera Eslava. Por su parte, Esteban Calahorra, de Alfa 10, insiste en que no hay razón para sancionar a las inmobiliarias, “pedimos a Industria una moratoria para que se puedan adaptar a la ley”.

 

EL CERTIFICADO

 

¿Qué es? El certificado de calificación energética de un edificio permite valorar el consumo de energía del edificio y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a dicho consumo energía. Es un documento que permite al comprador o arrendador de una vivienda cuánto costará la factura energética de dicho edificio.

 

¿Desde cuándo? Tras la aprobación del Real Decreto 253/2013 del 5 de abril, el certificado es exigible desde el pasado 1 de junio a todas los contratos de compraventa o arrendamiento (alquileres con una duración superior a los cuatro meses). Es obligatorio que los particulares, inmobiliarias, promotores y bancos publiciten la calificación de cada edificio.

 

Obligatorio desde 2007. Las viviendas que se han ejecutado desde 2007 cuentan con el certificado energético obligatorio para los promotores.

 

MULTAS DESDE 300

 

Tras un periodo de implantación de la medida de 6 meses, quien no publicite la venta o el alquiler de las viviendas con este dato se enfrentará a una sanción leve, lo que supone una multa económica de entre 300 y 600 euros. La normativa contempla además otros supuestos, como la falsificación del documento o actuar como técnico certificador sin contar con la habilitación. En caso de sanciones graves o muy graves, la multa económica podrá ascender hasta los 6.000 euros, tal y como recoge la ley estatal aprobada el pasado ejercicio.

 

SIETE LETRAS

 

De la A a la G. Esta calificación se expresa gráficamente mediante una etiqueta de eficiencia energética, similar a la de los electrodomésticos, que asigna a cada edificio una clase energética de eficiencia, que va desde la clase A, para los edificios de menor consumo energético, a la clase G, para los menos eficientes.

 

Registro del Gobierno

 

Calificación Edificios

 

A 109

 

B 183

 

C 516

 

D 1.622

 

E 3.771

 

F 717

 

G 1.030

 

TOTAL 7.948

 

Publicado en Noticias de Navarra, el 21-02-2014